El juez de la Audiencia NacionalJosé de la Mata ha archivado la investigación abierta por los incidentes ocurridos el 15 de noviembre de 2014, en aguas cercanas a Canarias, entre militares de la Armada que protegían las prospecciones petrolíferas de Repsol y activistas de Greenpeace que intentaron entorpecer la actividad de la compañía. El juez cierra la causa contra los dos militares denunciados por Greenpeace y contra la activista de la ONG [PDF: lea el auto de la Audiencia Nacional].
Aquellos hechos terminaron con una activista de Greenpeace herida, sendas denuncias de la Armada y de los activistas y una querella de la Fiscalía por un delito de piratería. El juez explica que aunque la conducta de la activista de Greenpeace fue antijurídica, no se puede imputar un delito de piratería a la activista que resultó herida, puesto que ni comandaba ni pilotaba la lancha, ni controlaba la situación ni tenía capacidad alguna sobre las otras tres embarcaciones de Greenpeace que participaron en los hechos. Su participación se limitó, según el magistrado, "a ocupar una de las lanchas, desconociéndose si su propósito era abordar o no el buque".
Después de todas las diligencias realizadas, el juez considera acreditado que los militares aquel día estaban desarrollando una función de seguridad y mantenimiento del orden público, actuando como agentes de la autoridad, protegiendo la zona de exclusión a la navegación marítima, tal y como lo había acordado tres días antes en una resolución el director general de la Marina Mercante para llevar a cabo las prospecciones solicitadas por Repsol. Ante las negativas de Greenpeace para retirarse, los militares no actuaron de inmediato, sino que reportaron a sus superiores, solicitando nuevas órdenes a las que se ajustaron.
Según la resolución, la actuación de estos militares se ajustó al cumplimiento de su deber, limitándose a obedecer las órdenes dadas, tanto el día anterior como el propio día de los hechos. Unas órdenes que, según el juez, fueron graduadas en función de las circunstancias.
El magistrado concluye que los activistas de Greenpeace mostraron una conducta de clara rebeldía, se adentraron consciente y voluntariamente en una zona de exclusión marítima, violentaron la decisión de la Autoridad pública, que había prohibido legalmente la navegación en esa área, comenzaron las maniobras para intentar el abordaje del buque y mostraron señales de que no pensaban atender las órdenes directas de la autoridad, colocándose voluntariamente en una situación muy peligrosa.
El resultado fue que una lancha de la Armada embistió a la de Greenpeace. Una activista italiana cayó al agua y la hélice le provocó una grave herida en la pierna.
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